El incendio de Los Galardos (Almería) ocurrido el pasado 9 de julio provocó una tragedia de enorme impacto humano y social. Más allá de las cifras provisionales de muertos, desaparecidos y heridos, y de las circunstancias específicas del suceso, que deben ser aclaradas por una investigación oficial, esta tragedia plantea una pregunta más amplia: ¿seguimos utilizando los indicadores adecuados para medir la gravedad de los incendios forestales?
Tradicionalmente, el balance de la campaña se basa principalmente en el número de incendios registrados, la superficie quemada y la capacidad de los bomberos para controlar las llamas. Estos indicadores siguen siendo esenciales, pero insuficientes cuando un incendio arrasa zonas pobladas y amenaza directamente a la población.
En el contexto del cambio climático y la tensión territorial, el objetivo principal de la gestión de emergencias ya no es sólo extinguir los incendios con una combinación de medios técnicos, sino también garantizar que no haya víctimas.
Andalucía salió airosa de campañas favorables
Los datos oficiales del plan INFOCA, el instrumento de la Junta de Andalucía para la protección de incendios forestales, muestran que esta comunidad ha mantenido una alta capacidad operativa de respuesta en los últimos cinco años.
Entre 2021 y 2025, el número de intervenciones forestales osciló entre 613 y 876 por año, sin una tendencia clara al alza. Asimismo, el porcentaje de intentos se mantuvo en valores elevados, entre el 75,5% y el 82%. Esto supone que aproximadamente cuatro de cada cinco incendios se controlan antes de que superen la hectárea.
La evolución de la zona afectada, sin embargo, presenta una variabilidad mucho mayor. Si bien en 2023 solo ardieron 1.827 hectáreas, en 2022 se superaron las 15.500 debido a varios grandes incendios forestales que concentraron la mayor parte del área afectada.
Este comportamiento pone de relieve una realidad ampliamente observada en los incendios del Mediterráneo: el riesgo no está determinado por un aumento constante del número de incendios, sino por la aparición de unos pocos incendios de comportamiento extremo, que pueden generar gran parte de los daños ambientales, económicos y sociales de cualquier campaña. Una tendencia que también identificamos en nuestra investigación sobre la evolución de los incendios forestales en Gran Canaria.
En este contexto, el incendio de Los Galardos no debe interpretarse automáticamente como consecuencia de una falta generalizada de agentes extintores. La investigación oficial debe esclarecer cómo evolucionó el incendio y qué factores provocaron su desarrollo. Lo que sí podemos constatar es que la creciente complejidad de estos grandes incendios exige complementar la capacidad de extinción con una mayor atención a la vulnerabilidad del territorio, la planificación de la evacuación y la comunicación de riesgos para proteger a la población.
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Cuando el territorio cambia las consecuencias
En Los Gallardos encontramos una configuración territorial diferente. El paisaje combina vegetación natural, matorral, parcelas agrícolas, caminos rurales, urbanizaciones y viviendas aisladas. No estamos sólo ante un incendio que se propaga por una zona forestal, sino un incendio que puede entrar directamente en lugares donde vive la población.
En geografía llamamos interfaz urbano-bosque a los espacios donde se mezclan viviendas, caminos, jardines, cultivos y montañas. En estas zonas, la gestión de emergencias no consiste sólo en detener las llamas. También es necesario localizar a las personas desplegadas en un territorio disperso, darles instrucciones claras y organizar evacuaciones a lo largo de una red de carreteras que puede ser limitada, desconocida o rápidamente amenazada.
La dispersión residencial multiplica la complejidad. No es lo mismo evacuar un centro urbano compacto que proteger viviendas aisladas conectadas por carreteras secundarias, caminos rurales o caminos privados.
La comunicación no se trata sólo de enviar advertencias
La comunicación de riesgos adquiere aquí un peso decisivo. Las herramientas de alerta le permiten enviar una alerta a miles de personas en segundos. Sin embargo, recibir una advertencia no garantiza que la población adopte el comportamiento más seguro.
Esta idea coincide con los resultados obtenidos en nuestra investigación sobre la aplicación de ES-Alert, un sistema de alerta a la población en caso de emergencias graves (como incendios o inundaciones) en España. El estudio demostró que si bien el sistema fue ampliamente aceptado por la población, una parte importante de los participantes consideró que los mensajes podrían ser más claros y afirmó que su respuesta dependería del tipo de emergencia. Esto enfatiza que la efectividad de una advertencia depende no sólo de su difusión, sino también de cómo es entendida e interpretada por quienes la reciben.
Este desafío es aún mayor en territorios donde conviven residentes locales, extranjeros, turistas y personas que desconocen la red vial o los procedimientos de protección civil. Los mensajes deben ser sencillos, eficaces, coherentes y, cuando sea necesario, difundirse en diferentes idiomas.
Mismo aviso, diferentes respuestas
Antes de actuar, la gente se hace preguntas, aunque sea inconscientemente: ¿es realmente grave el peligro? ¿Me afecta? ¿Tengo tiempo para ir? ¿Es más seguro quedarse? ¿Puedo salir de mi casa? ¿Adónde salgo? Estas decisiones se toman bajo presión, con información incompleta y con muy poca antelación.
Esta cuestión también aparece en una investigación desarrollada por nuestro grupo y presentada en el Congreso Internacional Cliff en Portugal. Estos trabajos se centran en la relación entre la percepción de peligro, la interpretación de la información oficial y la adopción de conductas de autoprotección.
Por lo tanto, la eficacia de la advertencia no debe juzgarse únicamente comprobando si el mensaje fue enviado o recibido. También es necesario estudiar si se entendió, si inspiró confianza y cuánto tiempo tardó la población en reaccionar.
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Preparar a la población ante el incendio
La comunicación durante una emergencia es esencial, pero comienza mucho antes de que ocurra un incendio. La población debe conocer de antemano los riesgos del territorio, rutas de evacuación y conductas básicas de autoprotección.
Esto requiere mapear hogares dispersos, planificar evacuaciones, realizar simulacros, identificar a personas particularmente vulnerables y adaptar mensajes a diferentes perfiles sociales y culturales.
Los incendios forestales seguirán requiriendo inversiones en prevención, gestión de tierras y recursos de extinción. Pero también es necesario prestar más atención al comportamiento humano.
Hay que esperar a que la investigación oficial determine qué pasó en Los Gallardos. Sería irresponsable predecir fracasos o señalar responsabilidades. Sin embargo, la tragedia ya nos recuerda una lección básica: un incendio se mide no sólo por las hectáreas que quema, sino también por las personas que pone en riesgo y la capacidad del sistema para ayudarlas a tomar decisiones seguras.
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