Santo Domingo.- A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso 12 meses de prisión preventiva contra un ciudadano peruano acusado de activar una falsa alarma de seguridad que interrumpió temporalmente las labores en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).
La medida fue impuesta a Ángel del Pino Cuia, quien activó los protocolos de emergencia el 6 de enero de 2026 luego de reportar falsamente la presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, rumbo a Panamá, cuando la aeronave ya se encontraba en vuelo con pasajeros y tripulación a bordo.
Según la investigación, la alerta fue enviada mediante llamada telefónica a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXXI (Aerodom), lo que motivó la activación inmediata de los procedimientos de seguridad del aeropuerto. Estas medidas incluyeron el regreso de aeronaves, inspecciones de seguridad, la suspensión temporal de operaciones aeroportuarias y el desvío de vuelos a otras terminales. Posteriormente, las autoridades confirmaron que la amenaza era falsa.
Los fiscales Andrés Mena y Ana Sánchez argumentaron ante el tribunal que la prisión preventiva es necesaria para que el imputado comparezca durante el proceso judicial. Del Pino Cuia fue posteriormente localizado y detenido en el sector Los Girasoles del Distrito Nacional, donde se incautaron pruebas relacionadas con el caso que fueron incorporadas a la investigación.
La Fiscalía estatal señaló que este tipo de conductas van más allá de la alarma pública, porque afectan directamente la infraestructura crítica y la seguridad de la aviación, ubicando el caso en el ámbito de la seguridad nacional.
El acusado enfrenta cargos provisionales por violar los artículos 3 (párrafo 1, letra e), 63 y 78 de la Ley 188-11 sobre seguridad de los aeropuertos y de la aviación civil, que sancionan la interferencia ilícita y la comunicación de información falsa que ponga en peligro la seguridad de las aeronaves, los cuales se castigan con penas de 3 a 10 años de prisión. También se le acusa de violar los artículos 11 y 30 de la Ley 267-08 sobre terrorismo, que conllevan penas de hasta 40 años.
Pars dijo que no es el mismo.
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