En las últimas semanas, Estados Unidos ha vivido una ola de incidentes que han hecho saltar las alarmas sobre el estado de la seguridad alimentaria en el país. Desde retiros masivos de productos contaminados hasta brotes mortales de listeria, los casos registrados en septiembre y octubre de 2025 revelan no solo fallas específicas, sino también tensiones más profundas en las instituciones encargadas de proteger la salud pública.
Brotes y retiradas: un otoño de alerta
A continuación se muestran algunos ejemplos recientes. Hillshire Brands ha retirado del mercado unas 26.000 toneladas de corn dogs (un tipo de salchicha empanizada) después de descubrir astillas de madera en la masa de maíz, lo que provocó lesiones estomacales al menos a cinco personas. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) ha emitido una alerta nacional para comidas congeladas que contienen pasta contaminada con Listeria monocytogenes, que se ha relacionado con al menos cuatro muertes. La Black Sheep Egg Company tuvo que retirar varios lotes de huevos del mercado tras descubrir salmonella.
A esto se suman las advertencias sobre snacks contaminados con fragmentos de metal o la retirada de melones procesados y salmón y lubina ahumados por riesgo de contaminación con el citado tipo de listeria.
Cada uno de estos casos podría entenderse por separado como parte de una rutina de vigilancia. Sin embargo, su acumulación en un corto período de tiempo pinta un escenario inquietante: el sistema de control de alimentos de Estados Unidos está mostrando grietas cada vez mayores.
Sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en Silver Spring, Maryland. Tada Images/Shutterstock La política detrás de la crisis
La administración Trump ha defendido un programa de desregulación y recortes presupuestarios bajo la premisa de racionalizar la burocracia. En la práctica, esto significó recortes de personal en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que llevó, por ejemplo, a la suspensión de las pruebas de calidad de la leche. Además, el Ministerio de Agricultura decidió disolver los comités científicos asesores que guiaban la política de seguridad, eliminando un contrapeso técnico clave.
La FDA también ha iniciado el proceso de derogar las regulaciones que definen estándares de identidad para más de 50 alimentos, relajando las reglas de etiquetado. A esto hay que sumar la eliminación del Departamento de Protección al Consumidor del Ministerio de Justicia, que limita la posibilidad de sanciones penales contra empresas que hayan incumplido, así como el proceso de descentralización que transfiere responsabilidades a estados y gobiernos locales, con capacidades muy desiguales.
Los defensores de estas políticas argumentan que reducen los costos y fomentan la competencia. Los críticos, en cambio, advierten que representan un debilitamiento estructural del sistema.
Voces críticas y dimisiones
La tensión también se manifestó en renuncias de alto perfil. Jim Jones, comisionado adjunto de alimentos humanos de la FDA, renunció en febrero pasado después de acusar que los recortes habían dejado a su área incapaz de realizar sus funciones principales. Poco después, Michael Rogers, jefe de inspección de la agencia, se jubiló después de una carrera de 34 años, en medio de la frustración de los inspectores que vieron debilitadas sus funciones.
Además, organizaciones de consumidores, médicas y de salud pública han pedido incluso la dimisión de Robert F. Kennedy Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos, acusado de priorizar la desregulación sobre la seguridad. Estas salidas no son meros cambios de personal: simbolizan el colapso interno de las instituciones responsables de garantizar la seguridad alimentaria.
Vale la pena señalar que los retiros de productos y los brotes siempre han existido en los Estados Unidos y son en gran medida evidencia de que la vigilancia funciona. Lo que cambia ahora es la frecuencia y la magnitud. Muchos de los productos afectados en las últimas semanas son de consumo masivo, lo que multiplica el impacto potencial en la salud. Además, con menos inspecciones y menos recursos, aumenta la probabilidad de que los riesgos pasen desapercibidos.
Tomará tiempo publicar las estadísticas finales para 2025, pero los patrones recientes sugieren que los riesgos son cada vez más visibles y peligrosos.
Justificaciones oficiales
El gobierno y ciertos sectores de la industria se defienden con diversos argumentos. Afirman que la eliminación de comités y estándares excesivos tienden a desburocratizar y acelerar la innovación. Sostienen que la descentralización hacia los estados permite respuestas más adaptadas a cada realidad local. Y sostienen que los recursos deberían centrarse en los riesgos más graves, no dispersarse en controles de rutina.
Sin embargo, estas justificaciones pierden su significado cuando los incidentes se acumulan y los titulares hablan de envenenamiento y muerte. La seguridad alimentaria es un bien público y, como recuerdan los expertos en salud pública, no puede depender únicamente de la autorregulación del mercado.
Los acontecimientos de este otoño no pueden atribuirse únicamente a la mala suerte. Son la consecuencia visible de un sistema que sufre recortes, desregulación y pérdida de talento técnico. Todo esto sugiere que la seguridad alimentaria en Estados Unidos atraviesa un momento crítico. Los brotes recientes no son sólo accidentes aislados, sino un síntoma de un sistema debilitado.
La pregunta para los próximos meses será si la presión social y política puede revertir la tendencia antes de que los costos humanos y económicos se multipliquen.
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