El reciente ataque contra el senador y el candidato presidencial Miguel Uiba Turbai revive el peor espíritu de la historia política colombiana. 7. Junio de 2025. Año, durante la Ley de Campaña en Bogotá, Uribe fue el objetivo del ataque armado. La escena inevitablemente se refiere a otro episodio trágico. En 1991, su madre, periodista de Diana Turbai, fue asesinada durante un intento fallido de rescate después del secuestro de la orden sobre el drogadicto Pablo Escobar.
Este caso informó que Gabriel García Markuez en su nueva noticia periodística sobre el secuestro, que trabajó, que dio visibilidad del crimen de conflicto colombiano.
Tres décadas después, la historia parece repetida. Lo que en los años 90 había carteles de drogas, hoy se mezcla con redes criminales menos visibles, pero igualmente mortal. En medio de la estación de votación presidencial 2025. Este ataque ha reabierto las preguntas básicas: ¿cómo se garantiza la vida en la política? ¿Qué hizo el estado para evitar que la violencia influya en sus candidatos?
Historia de sangre y silencio
Colombia tiene una larga tradición de violencia contra sus líderes políticos. Mencionar algunos de ellos es una llamada de memoria. En 1948, el asesinato de Jorge Elierara Gaitan, el líder de la misa liberal, liberó el "Bogototazo" y marcó el comienzo de la guerra partidista conocida como "violencia".
Su muerte está sujeta a más teorías. Algunos apuntan a la parcela del gobierno estadounidense que administró la recién creada CIA. Otros tienen comunistas. El joven Fidel Castro también estuvo involucrado, que estaba en Bogotá en ese momento, con la Conferencia Panamericana IX atraída. Es cierto que su asesinato rompió la esperanza en la reforma social democrática y dejó al país en décadas de conflicto.
Décadas más tarde, 1989. Luis Carlos Galan, candidato presidencial y símbolo de combatir el tráfico de drogas, fue asesinado por el cártel de Hitmer Medellin. Su candidatura, que creció fuertemente y prometió la renovación política, enfrentó los intereses más oscuros del país. En abril del mismo año, el presidente Virgilio Barco ha muerto una prohibición del autogobierno, Ilegetone, una estructura armada ilegal promovida desde la década de 1960, pero la medida se retrasó. En agosto, Galana estaba llena de lugares públicos de hombres asociados con paramilitares por Magdalene Medi, una región en la que el estado era una violencia débil y diaria.
Luis Carlos Galan, víctima de una conspiración criminal, se ha convertido en un símbolo del país que quería cambiar y sofocó rifles. Su legado, sin embargo, todavía existe. Su hijo, Carlos Fernando Galanda, hoy es el alcalde de Bogotá.
Carlos Pizarro Leongomez siguió, mató el 26 de abril de 1990, solo un mes después de la firma de la paz con el estado como comandante del movimiento guerrillero M-19.
Después de dejar armas, Pizarro se convirtió en candidato presidencial y un símbolo de cruce a la legalidad. Su mensaje de reconciliación despertó a muchos sectores de la guerra cansada, pero su vida estaba cargada en un vuelo completo. A bordo de un avión de Avianca que cubrió la ruta del Bogotá, Barrankuill, un joven armado con un subvalente escondido entre la ropa logró estrellarse los controles de seguridad y le disparó de cerca. La escolta de Pizarro respondió, condujo al atacante.
Carlos Pizarro no vio a Colombia por quien decidió después de abandonar el arma, pero su hija Maria Jose Pizarro crió su legado político, que ahora es congresista de la República. El Capitolio promovió las causas asociadas con la memoria histórica, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Años, convirtiéndose en uno de los votos más visibles de la izquierda democrática. Su presencia en el Congreso es un recordatorio de que las políticas no solo son heredadas solo de la sangre, sino también el coraje para resistir la violencia.
En los últimos años, la violencia acusó a Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal, líderes de la Unión Patriótica, partidos políticos, que se creó después del diálogo de la paz con FARC Guerrilla. Ambos encarnaron la posibilidad de que los viejos luchadores y los sectores excluidos se acercaran al juego democrático. Pero esa esperanza estaba frustrada. Jaramillo y Pardo fueron asesinados como parte de un proceso sistemático de exterminio político que duró más de dos décadas.
Según los derechos humanos, en su juicio 2023. En casos y militantes de la Unión Patriótica contra Colombia, el estado colombiano fue declarado responsable de violar los derechos humanos dedicados a más de seis mil víctimas, miembros durante más de veinte años. La masacre política UP no fue un episodio aislado o espontáneo, sino un ataque permanente, estructuras estatales y parastatales planificadas y toleradas, que no aceptaron su participación en el sistema democrático.
En 1995, la lista se ha extendido con el delito penal, el líder conservador, justificó el crítico presidencial y agudo del régimen político tradicional. Fue asesinado frente a Sergio Arboled University, en Bogotá. Su muerte permaneció en el campo de la especulación, hasta 2020. El antiguo FARC reconoció su autoría, aunque la aclaración judicial finalmente finalmente había terminado. Gómez era una voz desagradable dentro de la élite. Su asesinato, como el anterior, dejó sin respuesta en una sociedad que aún entiende quién quería influir en la política de la muerte.
En violencia real
A diferencia de estos años en los que la violencia política debería haber dado a los periódicos o noticias, todo sucede en tiempo real hoy. Los ataques se transfieren en vivo, multiplicar las redes sociales antes de que se verifiquen y se conviertan en una tendencia bajo hashtags que reaccionan más a la desaprobación ideológica que el análisis. En segundos, la sentencia ya es veredicto, se emitió el veredicto y el oponente fue condenado. Pero esta inmediatez no trajo cierta, ella trajo más el ruido.
Redes sociales, lejos de la oferta de contextos, la realidad del fragmento en los lemas. Tanto los medios, azul o rojo, verde o amarillo, ya no informan: militados. En lugar de ayudar a comprender lo que sucedió, amplifican las trincheras. La política digital, acelerada y sin tonos, corren el riesgo de reemplazar una discusión con la reacción y pensar con el eslogan. Por lo tanto, la democracia se vuelve empobrecida, no solo por la violencia física, sino por la imposibilidad de pensar lentamente.
El poder silencioso
Se suponía que el ataque contra Miguel Uribe creaba una respuesta única para apoyar a la oposición y una fuerte convicción institucional. Sin embargo, la reacción del gobierno fue confusa. No hubo un llamado claro para una investigación independiente o medidas de protección excepcionales.
De la teoría constitucional, se notó que los derechos no eran dones de poder, sino los límites que contienen. Cuando el estado no trabaja fuertemente para proteger el pluralismo político, no se convierte en un cómplice, erosionando la legitimidad democrática.
Actualmente hay una nueva dificultad. No se conoce con certeza que amenaza la política. En los años 80 y 90, el enemigo tenía una cara: traficantes de drogas, guerrilleros, fuerzas paramilitares. Hoy, las autoridades dudan entre pandillas criminales, grupos radicalizados o actores infiltrados. Esta incertidumbre exacerba solo el miedo y la respuesta institucional débil.
Voces desdénticas antes del peligro de la democracia sin la oposición
La violencia política no solo mata a las personas. Mata ideas, proyectos, voces disidentes. Y sin desacuerdo no hay democracia. Se dio cuenta de que los ingredientes en 1991, que diseñaron un sistema de pluralismo, con mecanismos de participación y balances.
Las costas ideológicas muy diferentes han condenado el ataque a Miguel Uribe Turbai, lo que demuestra que la defensa de la vida política supera la militación.
Uno de los primeros votos a decir es que Maria Fernanda Cabal, el Partido Senador del Centro Democrático, el justo fundado por el ex presidente Alvaro Uribe Vélez. Cabal fue una de las oposiciones más fuertes del gobierno actual y generalmente tiene un discurso de confrontación, especialmente crítico para el presidente Gustavo Petra.
Por su parte, Claudia López, ex alcalde de Bogotá y el clímax de su carrera política, también condenó el ataque. López es un líder progresivo que mantuvo una posición crítica y en el veredicto y frente a los sectores tradicionales, argumentando en contra del discurso a corto plazo.
En la misma línea, Gustavo Bolívar, ex senador, escritor y asociado cercano del presidente Petro, anunció temporalmente la pensión de la política como un gesto simbólico contra el clima de la violencia. Bolívar es conocido por su activismo de la izquierda, fue una voz influyente en el proyecto político del gobierno actual, y su decisión de detener su actividad pública es un fuerte mensaje sobre la necesidad de protección de un debate democrático.
Combinar estos votos con la necesidad de garantías democráticas no es algo pequeño. Es una señal de que, a pesar de todo, la idea de un país en el que se puede estar en desacuerdo sin miedo continúa sobreviviendo.
Espejo de la historia
El caso Miguel Uribe Turbai es profundamente simbólico. Su madre fue víctima de una de las fases más violentas de narcotorrorismo. Por otro lado, eligió la política como una forma de reconciliación y no de venganza. Él perdonó a los asesinos de su madre. Pero la violencia llegó de nuevo. Ese espejo, que la historia se repite, no debemos rompernos. Debería despertarse.
Despertar un estado que no puede responder especulación o silencio. El despertar de la sociedad civil que ha convertido las redes sociales en campos de batalla, donde el insulto reemplaza el argumento y el pensamiento de las reacciones. El joven despertador, que hoy testificó en tiempo real, lo que sus padres vivieron con miedo en los años 90, pero con una diferencia crucial: ahora todo se vio, se comentó que era distante. La violencia política es viral antes de comprender y se juzga antes de investigar.
Este momento requiere más que resentimiento, requiere un compromiso democrático. Porque ningún proyecto político merece una bala, y ningún país puede permitirse vivir sin oposición.
Gabrijel García Markuez, quien narró como ninguna de la tragedia cíclica de Colombia, dejó cien años de advertencia solar al final que se resuelve hoy. Macondo, esa gente ficticia, desapareció no por la falta de historia, sino por el exceso de olvido. Al final de la novela, cuando todo ya estaba escrito en los dulces de Melquiades, nadie quedaba recordando o escapando. Porque, como dice la frase final, las filas del convicto en los cien años de soledad no tenían otra oportunidad en la tierra.
Colombia no es ficción, pero le parece normalizarla inaceptable. El país que sobrevivió a las guerras, las magnificaciones y un pacto roto no puede continuar repitiendo su tragedia como si no hubiera memoria. Tal vez todavía hay tiempo. Pero no será mucho.
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