La brecha digital está ligada a las dinámicas excluyentes del mercado inmobiliario (proliferación de alquileres de corta duración, retirada de viviendas del mercado de alquiler) y a la falta de iniciativas públicas. Como resultado, se exacerban las dificultades para acceder a la vivienda, especialmente para las personas más vulnerables.
Lo confirmamos en un estudio reciente, realizado en tres ciudades del sur de Europa: Madrid, Bolonia y Atenas.
Esta digitalización sitúa a algunos grupos sociales en una situación de especiales ventajas (nativos digitales, turistas o nómadas digitales), mientras que otros (personas mayores o personas en situación de pobreza, por ejemplo) quedan especialmente excluidos.
¿Qué entendemos por digitalización en el sector de la vivienda?
La digitalización se ve en tres niveles. El primero opera en el mercado inmobiliario en su conjunto y está asociado al auge del capitalismo digital. Un indicador es el aumento de propietarios de empresas que gestionan el alquiler de sus propiedades de forma anónima, con datos y a través de intermediarios.
La lógica de datos rompe la conexión entre propietarios e inquilinos, centrándose en maximizar los beneficios y minimizar el riesgo. Esto permite una gestión impersonal de los desalojos y discrimina a los inquilinos más vulnerables. Además, las plataformas digitales están haciendo subir los precios de compra y alquiler.
El segundo nivel se refiere al uso de redes por parte de movimientos sociales para dar visibilidad a las necesidades de vivienda. En España hay actualmente actuaciones en las plataformas digitales de la Plataforma para los afectados por la hipoteca y, más recientemente, el sindicato de inquilinos.
El tercer nivel se refiere a la promoción de plataformas digitales por parte de las autoridades públicas. El objetivo es ampliar el acceso a la información y la transparencia de las iniciativas públicas.
La digitalización beneficia a algunos, no a todos
Según entrevistas realizadas en Madrid, Bolonia y Atenas, la brecha digital modula el impacto de la digitalización en el derecho a la vivienda. Esta influencia depende de los grupos de población y del tipo de plataforma digital.
Las personas mayores, los inmigrantes, las personas sin hogar, los refugiados y los inquilinos son más vulnerables en la era digital. Por el contrario, los propietarios de viviendas y los inquilinos a corto plazo (como turistas o nómadas digitales) pueden estar más protegidos.
La situación de los jóvenes es ambigua. En general, se ven menos afectados por la brecha digital, pero se encuentran en una situación vulnerable para acceder a una vivienda asequible y digna.
La generación del alquiler (alquiler generacional), los menores de 40 años que no pueden permitirse comprar una casa, que surgió como consecuencia a largo plazo de la crisis de 2008, agravada por la pandemia de la covid-19, se ha consolidado como la generación de los inquilinos. Para ellos, el régimen de arrendamiento tiene consecuencias vitales más allá de la vivienda: se retrasa la salida de la vivienda familiar y la formación de la propia familia, lo que a su vez provoca una caída de la tasa de natalidad.
En los tres países que estudiamos, la fuerte posición de las personas con más conocimientos digitales en el acceso a la vivienda es clara. Tienen más poder para acceder a la información y negociar las condiciones de vivienda. Un posible factor protector contra la brecha digital sería sumarse a movimientos sociales y organizaciones de defensa a través de la participación digital y analógica, dadas las consecuencias reales que tiene la brecha digital sobre el derecho a la vivienda.
En cuanto al tipo de plataformas digitales utilizadas por los ciudadanos, las plataformas estrictas –que funcionan como intermediarias entre quienes ofrecen y quienes reciben el servicio (por ejemplo, Idealista o Airbnb)– benefician a los propietarios, especialmente si se trata de fondos de inversión transnacionales. Las redes sociales pueden convertirse en plataformas digitales para la creación de redes, la promoción y el diálogo. Ofrecen así una mayor visibilidad del derecho a una vivienda digna.
Conocimiento contra la brecha digital
En España, la digitalización puede facilitar el acceso a la vivienda a determinados grupos de población. Por ejemplo, los jóvenes, gracias a su conocimiento del mundo digital y a los anuncios online, pueden encontrar compañeros de cuarto más rápidamente.
Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.) son otros canales informales de acceso a la vivienda de jóvenes y otros colectivos vulnerables. Allí pueden encontrar y compartir recursos públicamente o con un grupo limitado de personas en las que confían.
La brecha digital afecta el acceso a la vivienda de diferentes maneras. Interfiere con la solicitud de vivienda pública y asistencia financiera o el registro en el censo. Esto afecta a otros procesos del ámbito privado, como el pago de alquileres y servicios a través de sedes electrónicas.
Además de la disponibilidad de dispositivos electrónicos, el acceso a una conexión adecuada a Internet también es parte fundamental para la integración en la sociedad actual, junto con la posesión de habilidades digitales básicas.
Los problemas que enfrentan las personas vulnerables al realizar tareas burocráticas complejas en los sitios web gubernamentales son importantes. El acceso se ve obstaculizado por la falta de conocimiento sobre dónde buscar información. La brecha digital aumenta la dificultad de acceder a información sobre la oferta de vivienda, ya que gran parte de ella se publica en listados en línea.
Desafíos futuros
En cuanto a la digitalización y la vivienda, algunas cuestiones merecen más atención. Este es un caso de gestión democrática (a nivel digital) de los sistemas de vivienda: acceso igualitario a la información digital sobre los programas de vivienda pública, el papel del Estado en la alfabetización digital, la política de vivienda asequible y la regulación del mercado inmobiliario, incluidos los alquileres a corto y mediano plazo.
Este nuevo conocimiento permitirá que las sociedades estén mejor preparadas para prevenir crisis de vivienda y reconocer, proteger y hacer realidad el derecho a la vivienda para todos y todas en la era digital.
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