Las ciudades son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y concentran gran parte de la población. En este escenario, las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) emergen como una estrategia clave para fortalecer la resiliencia urbana, mejorar la salud y el bienestar de las personas y proteger el medio ambiente.
Las NbS, como los tejados y fachadas verdes, sirven para aislar térmicamente los edificios, gestionar el agua de lluvia, absorber carbono de la atmósfera y mejorar las temperaturas urbanas, reduciendo el efecto isla de calor.
Tanto las administraciones públicas, a nivel europeo y nacional, como las entidades financieras están impulsando proyectos específicos para financiar estas transformaciones. El mensaje principal no deja lugar a dudas: sin recursos suficientes no es posible llevar a cabo la renaturalización de asentamientos y ciudades.
Por tanto, es necesario idear mecanismos que fomenten la incorporación de infraestructura verde en los entornos urbanos.
Poner valor al verde: un nuevo desafío urbano
En este contexto, hemos desarrollado un nuevo modelo de incentivos fiscales medioambientales basado en bonificaciones del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para aquellas comunidades de propietarios que instalen y mantengan infraestructuras verdes en edificios privados.
Nuestra propuesta requiere la participación de la ciudadanía y de la administración local para impulsar una política pública urbana más sostenible.
La idea es sencilla pero eficaz: animar y recompensar a vecinos y empresas para que introduzcan soluciones basadas en la naturaleza en sus barrios y edificios.
Este modelo reconoce un uso urbanístico legal y económico a una comunidad de propietarios que instalen cubiertas verdes o jardines verticales. Esto representa un incentivo proporcional al área verde y la inversión de cada uno de los vecinos.
Por ejemplo, si se opta por instalar infraestructuras verdes en el 50% de las zonas comunes del edificio, el IBI correspondiente a cada vecino se podrá reducir en un 50%.
El sistema de incentivos no busca incrementar el índice de edificabilidad; es decir, permitir la construcción de espacios para bicicletas o patinetes en las zonas comunes de los edificios para compensar positivamente la instalación de SbN, tal y como prevé el Ayuntamiento de Madrid. Creemos que en zonas urbanas densamente consolidadas esta opción no es muy viable.
Priorizamos la integración de la infraestructura verde sobre el modelo tradicional de infraestructura gris común en muchas ciudades.
La administración local al servicio del verde urbano
Los gobiernos locales tienen un papel clave para avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles. El nivel municipal es el más cercano a los ciudadanos. Por tanto, lo más eficaz es promover iniciativas cuyos efectos se observen directa y rápidamente en la vida cotidiana.
El gobierno local es responsable de la implementación del modelo propuesto y actúa como garante. Llevaría a cabo inspecciones periódicas para verificar que las instalaciones se mantengan adecuadamente y retiraría créditos fiscales cuando no lo estén.
La comunidad de propietarios corre con los gastos de instalación, mantenimiento y conservación del espacio verde. No debemos ver esta inversión como un gasto, sino como una mejora del patrimonio para las comunidades locales, porque genera un bien común: aire más limpio, temperaturas más bajas en las ciudades y mayor bienestar colectivo.
Los techos y fachadas verdes brindan beneficios ambientales a todo el barrio. Entonces, la ciudad recupera parte de ese valor mediante una reducción de impuestos. De esta forma, la ciudad reconoce y premia a quienes contribuyen a un entorno urbano más saludable y sostenible.
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Este modelo es de fácil implementación para los ayuntamientos y reconoce la contribución de los propietarios que incorporan procesos de renaturalización en sus edificios, ayudando a construir ciudades más verdes, más sostenibles y más habitables.
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